El
Ministerio de Justicia plantea negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto
en Justicia en cuanto haya un nuevo Gobierno y los tres sindicatos
(STAJ, CSIF y CCOO) hemos exigido un compromiso público del Ministerio de
Justicia para atender las demandas que nos llevaron a las movilizaciones y a la
huelga.
Los tres
sindicatos han elevado su protesta al Ministerio tras conocer la decisión del
Consejo de ministros y el departamento de Pilar Llop de aprobar sendos Reales Decretos ( publicados en el BOE del día 4 de octubre)
por los que se modifican y actualizan el régimen de retribuciones de la
Carrera judicial y fiscal y del Cuerpo de Letrados A.J.
Desde el Ministerio de Justicia nos ha planteado
retomar las negociaciones en cuanto haya un nuevo Gobierno; de no ser
así, se volverán a retomar las movilizaciones.
Como ya
advertimos el pasado julio y reiteramos con ocasión de la apertura del año
judicial, no vamos a pasar por alto -y el personal de Justicia no va a olvidar-
la pésima gestión del conflicto por parte del Ministerio que dirige Pilar Llop
y el clasismo, agravio y desprecio mostrados hacia el 93 por ciento de la
oficina, y a los miles de funcionarios de Justicia que secundaron las
movilizaciones.
En este sentido,
siendo conscientes de que un Gobierno en funciones tiene determinadas
limitaciones, advertimos al nuevo Gobierno y al nuevo ministro o ministra de Justicia
que no va a tener los 100 días de gracia para sentarse a negociar.
Desde el minuto
uno en que acceda al puesto, debe tener como prioridad la solución del
conflicto en la Administración de Justicia, poniendo encima de la mesa una
propuesta económica seria, con cobertura de Hacienda, para los 45.000
funcionarios y funcionarias de Justicia de los Cuerpos Generales y especiales
de todos los ámbitos territoriales, transferidos o no transferidos. En caso
contrario, tal y como anunciamos en el mes de julio, se retomarán las
movilizaciones.
En caso de que
el nuevo Gobierno no se siente a negociar, recaerá sobre él la responsabilidad
del aumento del atasco en los Juzgados y Tribunales, que colapsará aún más su
funcionamiento y cuyas consecuencias pagarán nuevamente los ciudadanos.
Los
funcionarios/as de Justicia hemos demostrado desde el pasado abril, cuando
comenzó el conflicto, que somos capaces de paralizar la Justicia. Sólo un
acuerdo sobre una mejora de las reivindicaciones laborales, como planteó el
comité de huelga el pasado abril, puede abrir la puerta a la regularización de
la situación a través de planes de actuación. El nuevo Gobierno tiene la
obligación legal y ética de negociar un incremento salarial para todo el
personal de Justicia en los términos aprobados hoy para Jueces, Fiscales y el
Cuerpo de Letrados AJ.