Cree que
genera un "mercado privado de servicios" que pasarán a poder prestar
en "exclusiva" los procuradores con "reducida competencia".
El
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)
aprobó en su reunión del pasado 29 de mayo un informe sobre el Anteproyecto de
Ley de Reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, impulsado por el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, en el que hace una valoración "muy negativa" del
texto legislativo y defiende que al no superar el criterio de necesidad, se
puede concluir que la normativa "no está justificada".
En el
anteproyecto se detalla que el ciudadano podrá decidir si son los procuradores
o los funcionarios de la
Administración de Justicia quienes se ocupen de practicar los
actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la
resolución que se dicte al final del proceso. El procurador actuará bajo las
órdenes del secretario judicial y control judicial.
Así, la CNC considera "gravemente
perjudicial" para la competencia el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
informado, por generar un "inusual daño" a la concurrencia a través
de la concesión de una reserva de actividad, "de forma innecesaria y
desproporcionada", a un único colectivo profesional que, a su juicio,
además se encuentra sometido a "importantes restricciones a su acceso y
ejercicio".
"Su
contenido robustece el marco innecesario y desproporcionadamente restrictivo de
la competencia en la prestación de servicios de representación procesal, al
otorgar determinadas funciones correspondientes a la esfera del secretario
judicial en exclusiva a los procuradores", argumenta la CNC , al tiempo que indica que
tampoco se "aprecia justificación en aras de razón de interés general
alguna".
