La
gran reforma del proceso penal -la investigación y el juicio de los delitos y
faltas-, una de las medidas estrella anunciadas por el Gobierno de Mariano
Rajoy está a punto de encallar. La Ley de Enjuiciamiento
Criminal corre el riesgo, una
legislatura más, de mantenerse en vigor plagada de parches.
Al
inicio de la legislatura el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puso
en marcha una comisión de expertos que emitió un informe detallado hace más de
un año con una propuesta de Código Procesal Penal, nuevo nombre de la
vieja Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Ahora, el simple cómputo de los plazos de tramitación
parlamentaria, unido a la prelación de prioridades del Gobierno, que ha dejado
la propuesta en el cajón, está a punto de dar al traste con su aprobación en
esta legislatura.
La
situación no es nueva, porque prácticamente todos los ministros de Justicia de
la democracia inician su mandato proclamando la necesidad de aprobar un nuevo
proceso penal, que acabe con los anacronismos, que tenga en cuenta nuevas
realidades tecnológicas y que agilice la jurisdicción penal.
La
propia Ley Orgánica del
Poder Judicial suscita dudas sobre los plazos de aprobación pero, al menos, ha
iniciado ya los trámites. Ha pasado una vez por Consejo de Ministros y recabará
ahora los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal. La ley tiene
más de seiscientos artículos y, por tanto, esos informes se demorarán
previsiblemente al próximo otoño.
