Dos
normas estrella, la de enjuiciamiento criminal y la de planta, deberán esperar
El ministro Alberto
Ruiz-Gallardón será la cabeza visible de la agenda reformista del Gobierno
hasta el final de legislatura. Hasta ocho leyes cocinadas en su departamento de
Justicia entrarán en funcionamiento en este curso político, que transcurre desde
este mes de septiembre hasta finales de julio, fecha en la que casi con toda
seguridad se dará por concluida la actividad parlamentaria debido a la cercanía
de las elecciones generales, que se celebrarán con alta probabilidad en otoño
de 2015.
Con el calendario en la
mano, Gallardón hará buena su fama de reformador «compulsivo», como le
conocen en algunos ambientes jurídicos, para dejar su impronta en el
ministerio. Su batería legislativa está a punto de salir del horno. Algunas normas están en tramitación
parlamentaria, como el Código
Penal, otras se
convertirán en pocos días en proyectos legislativos por el Consejo de
Ministros, caso de la reforma
del aborto. Y dos más se
encuentran con el plazo ya prefijado para su aplicación: la ley de transparencia (10 de diciembre del 2014 para los
órganos estatales y un año después para los entes autonómicos y locales) y la ley del
registro civil, que pasará a
manos de los registradores a partir del 15 de julio del 2015.
Pero
dado que el período legislativo que ahora comienza está muy delimitado, más si
cabe por la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de mayo del
2015, dos
reformas estrella de Gallardón están abocadas a quedarse en la nevera por falta
de tiempo. Se
trata de la Ley de
Demarcación y Planta Judicial, que
propone la reorganización de los juzgados y tribunales del país con la
supresión de los partidos judiciales, y la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, el conjunto
de normas jurídicas que regulan el proceso penal y que data de 1882. De esta
última norma, que pasará a llamarse Código Procesal Penal, solo ha visto la luz
el borrador de expertos y su aprobación siquiera como anteproyecto de ley
parece una quimera. En esta circunstancia, Justicia estudia la posibilidad de
proponer cambios parciales a esta norma, como ya ha hecho con Ley Orgánica del
Poder Judicial que ahora tramita. Este fue el caso de la modificación de la
elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial, la reforma exprés de la
justicia universal o el aforamiento de los reyes salientes.
En el caso del Código
Penal que tramitan las Cortes una parte
importante se refiere a las faltas que se convertirán en delitos menos graves.
Sin embargo, no podrá aplicarse si antes no se aprueba un proceso específico
que no existe en este momento y que pasa por modificar determinados artículos
de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Con
todo, su desarrollo se alargará más de un año, ya que el Código Penal está
previsto que entre en vigor de forma progresiva en el 2015.
Al Congreso llegaron el
pasado 1 de agosto los proyectos de ley
de Jurisdicción Voluntaria y del Estatuto de la
Víctima. El primero
simplifica y actualiza los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay
controversia, en los que intervendrán notarios y registradores, y requerirá un
órgano judicial para la tutela de determinados intereses relativos al derecho
civil y mercantil.
Por su parte, el
Estatuto de la Víctima constituye
un catálogo de los derechos procesales y extraprocesales de aquellas personas
que sufran un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito,
y también de sus familiares. Ambos proyectos son más livianos y tendrán una
tramitación más rápida que el Código Penal. A ello ayudará la mayoría absoluta
del PP. Un caso parecido al proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita. Llegó a
las Cortes en febrero y el Gobierno exigió antes de verano que se acelerara su
desarrollo parlamentario con la celebración de sesiones extraordinarias de los
órganos competentes. La norma endurece los criterios para acceder a este
servicio.
Por su parte, la ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las
funciones de juzgados y tribunales, tiene más de seiscientos artículos y se
encuentra en fase consultiva.
