El
Ministro Gallardón ha iniciado un proceso de reformas en la Administración de
Justicia que pretende romper totalmente con el diseño y la organización de la
Justicia en nuestro país. Objetivo loable, desde luego, si persiguiera
realmente la tan ansiada modernización de la Administración de Justicia. Pero
lo cierto es que las reformas ya iniciadas encierran graves riesgos para el
servicio público y para los funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia, pues tales reformas están teniendo como primer efecto la limitación
del acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos con menos medios, así como
una privatización de servicios para dejarlos en manos privadas con el
consiguiente riesgo para la concepción de la Justicia como servicio público y
para la propia subsistencia de muchos puestos de trabajo.
