El comunicado dictado
en el día de hoy por el Consejo General del Poder Judicial en relación con los
servicios esenciales que debe prestar la Administración de Justicia y los
efectivos que deben desempeñarlos, ha desatado la indignación en el colectivo
de funcionarios de este sector.
En días anteriores, ya había
decretado el máximo órgano de Gobierno de Jueces y Magistrados lo que debía
considerarse servicios esenciales. Sin embargo, según la estructura orgánica de
la Administración de Justicia, algunas Comunidades Autónomas tienen
transferidas las competencias en materia de Personal y en las que no es así,
estas competencias las tiene atribuidas el Ministerio de Justicia. Por tanto,
el CGPJ puede determinar qué servicios son los considerados esenciales, pero no
cuántos funcionarios deben atenderlo..
En este escenario, algunas
Comunidades Autónomas, como la de Andalucía, se han mostrado con sus medidas
más acordes con el Estado de Alarma y más sensibilizadas que otras con la
recomendación sanitaria de mantener el menor número de personas expuestas y
promocionar el teletrabajo, con el fin de controlar la expansión del
Coronavirus. En el ámbito no transferido STAJ lleva presionando toda la semana
al Ministerio de Justicia para que fije una dotación mínima, pero suficiente,
para atender los servicios esenciales marcados. En este contexto, el Ministerio
de Justicia había convocado para mañana una conferencia sectorial con las
comunidades autónomas transferidas y una reunión con los sindicatos de justicia
representativos.
Pues bien, ante la disparidad
de posiciones autonómicas, y especialmente ante las que se han mostrado más
austeras en la dotación de personal, favoreciendo la disponibilidad en caso de
necesitar su presencia sobre la prestación estrictamente presencial, la
Comisión Permanente del CGPJ ha dictado un comunicado con una introducción
áspera y amenazante dirigida a las Administraciones con competencias en materia
de Justicia y un enaltecimiento del trabajo de los jueces, al tiempo que
insulta al personal funcionario que presta servicio en juzgados y tribunales.
Pero paradójicamente, los
jueces y magistrados en estos días, por indicación precisamente del CGPJ,
permanecerán en su mayoría en sus casas, salvo en los supuestos de servicios
esenciales, mientras que a los funcionarios al Servicio de la Administración de
Justicia les exigen presencia, incluida en aquellos órganos judiciales en los
que no es necesario por no constituir servicios esenciales, o permanecer en
éstos un mayor número de personas de las necesarias para cubrirlos.
Póngase de manifiesto, que
estos funcionarios que deben prestar los servicios esenciales carecen, en la
mayoría de las Comunidades Autónomas, de material de seguridad y prevención
contra el Coronavirus, pues el Ministerio de Sanidad los está requisando todos.
Por tanto, el CGPJ pretende
favorecer la prestación del servicio presencial, sobre la de disponibilidad,
teniendo que hacerlo, además, sin material de protección. En su comunicado, el
CGPJ indica que la “esencialidad del Estado de Derecho… es ahora, en momentos
de crisis, cuando su vigencia y permanencia debe hacerse evidente a los
ciudadanos, y que los Juzgados y Tribunales permanezcan abiertos y dotados con
el personal necesario para asegurar la protección de sus derechos es parte de
esa evidencia”.
Desde STAJ queremos
señalar que la prioridad de los españoles en estos momentos de crisis no es la
protección de sus derechos civiles ni procesales, sino de su salud. Por tanto,
todos aquellos órganos judiciales que no prestan servicios esenciales, cuya
desatención crea un grave menoscabo e irreparable perjuicio, deben permanecer
servidos en régimen de disponibilidad, esto es, ser requeridos en caso de ser
necesario.
Por tanto, la amenaza velada
que lanza el CGPJ a las Administración con competencias en materia de Personal
al Servicio de la Administración de Justicia más parece una reclamación de
poder y omnipresencia perdidos en esta materia, que una “heroica” protección de
la prestación de los servicios, pues las medidas tomadas con prudencia por
parte de las Administración no ponen en riesgo la prestación de esos servicios
esenciales y contribuyen a la protección de la salud de los trabajadores y el
control de la propagación del virus que tiene en Estado de Alerta a la nación.
El comunicado insulta a los
funcionarios judiciales cuando insinúa que estamos pretendiendo el abandono de
los servicios públicos al tiempo que pone en valor la entrega de colectivos
como el sanitario, las fuerzas de seguridad del Estado, o diversos colectivos
de trabajadores del sector privado, olvidando que la disponibilidad del
personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia es absoluta
siempre y, por supuesto, más aún en situaciones como las que desgraciadamente
estamos viviendo.
La Comisión Permanente del
CGPJ, autora del comunicado, con el Presidente Carlos Lesmes a la cabeza, está
demostrando su absoluta incompetencia e incapacidad para gestionar
adecuadamente una situación de crisis, limitándose a dar órdenes sin ofrecer ni
un solo mecanismo, plan o reestructuración temporal de las competencias
judiciales para su asunción, en la medida de lo posible, por los servicios de
guardia que permanecen ininterrumpidamente abiertos con absoluta normalidad,
manteniendo al resto en situación de disponibilidad, lo que permitiría
minimizar el riesgo de contagio entre los funcionarios y por ende la
propagación del virus al tiempo que se salvaguarden los derechos de la
ciudadanía.
Para STAJ el
CGPJ con este comunicado muestra una grave falta de sensibilidad,
responsabilidad y solidaridad con la situación de alarma que vive nuestro país
y con la salud de los trabajadores de la Administración de Justicia, así como
una falta de atención al compromiso que a todos como ciudadanos nos compete, de
mantenernos fuera de circulación, salvo para actuaciones de estricta necesidad
vital.
Por todo ello, STAJ pide
la dimisión del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y de todos
los integrantes de la Comisión permanente autora del comunicado.
